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viernes, 23 de noviembre de 2007

Acteal: Exterminio, a la vista de policías y militares



Acteal, Chis (apro).- La noche del lunes 22 Agustín Vázquez Ruiz, un anciano de 90 años, durmió bajo un cafeto en una de las tantas montañas de Acteal. Sin cobija, y tan sólo con la escasa ropa que llevaba puesta, se colocó en cuclillas para mitigar el intenso frío y "esperar la muerte".

Por la tarde, casi a gatas, agarrado de las ramas, comenzó a escalar una de las faldas del mismo cerro del que, por la mañana, comenzaron a salir los disparos contra la población que, inerme, oraba por la paz o recibía la ropa que el gobierno del estado donó para los desplazados de Chenalhó.

En su casa, una humilde choza de madera y techo de lámina, había escuchado el intenso tabletear de las ametralladoras. Cuando por un momento cesó el tiroteó, aprovechó para huir al cerro más cercano. Gracias a eso salvó su vida.

Otros, los que estaban arremolinados en torno del pequeño templo de la comunidad, en su mayoría mujeres y niños, no corrieron la misma suerte.

A la una y media de la tarde, dos comandos del grupo paramilitar que desde las once los atacaba a distancia, habían realizado una maniobra de las que el Ejército llama "envolventes", y les disparaban ráfagas, prácticamente a quemarropa.

Muchos niños, mujeres y hombres cayeron fulminados. Otros fueron heridos con balas expansivas en distintas partes del cuerpo. Los menos lograron tirarse al barranco que queda frente y a un costado del templo, internándose entre los cafetales.

Cuando empezó el tiroteo, pasadas las once de la mañana, los policías de Seguridad Pública, apostados en la cancha de basquetbol de la escuela de Acteal –a unos 200 metros del templo– hicieron disparos al aire para tratar de disuadir al grupo atacante. Pero cuando los comandos se adentraron hasta el lugar en que estaba reunida la población, dejaron a los indígenas a merced de los atacantes.

El grupo agresor estaba compuesto por encapuchados y armados lo mismo con rifles 22 que con "cuernos de chivo"; se identificaban sobre todo con paliacates y gorras de color rojo.

"Varios estábamos rezando; otros estaban construyendo un campamento para los desplazados y otros más estaban recibiendo la ropa que nos dieron, cuando entraron los priistas disparando", relata Pedro Vázquez Ruiz, con el horror dibujado en el rostro.

De acuerdo con las primeras indagaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), entre los atacantes figuran militantes y simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional y del Cardenista, antes llamado del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN).

"Los que pudimos salimos huyendo por el monte, pero muchos cayeron muertos. Estamos muy sentidos porque nosotros no estábamos armados y nos agarraron sin saber nada. Estábamos pidiéndole a Dios por la paz cuando nos cayó una lluvia de balas."

Nadie sabe con precisión cuántos agresores eran, pero todos aseguran que más de 60 "porque rodearon la comunidad".

El operativo paramilitar planeó y decidió en la comunidad de Quextic, la noche anterior. En esa reunión, entre diez y doce de la noche, participaron priistas de Acteal Alto, La Esperanza, Canolal, Yashgemel y Quextic, encabezados por once dirigentes de la comunidad Miguel Utrilla-Los Chorros.

La de Acteal es la más grande masacre en Chiapas en los últimos 17 años. Únicamente equiparable a la que realizó el Ejército federal en Wolonchán, en 1980.

Un miembro del grupo Las Abejas, que se infiltró en la junta, se desplazó de Quextic a San Cristóbal de las Casas, para notificar que la comunidad de Acteal iba a ser atacada al día siguiente por los priistas. Llegó hasta La Primavera, una quinta religiosa en la que está refugiado un grupo de desplazados de Chenalhó, e informó de la agresión que se estaba fraguando contra la comunidad.

En lugar de preparar la defensa, el grupo de cristianos decidió realizar una jornada de oración para evitar el anunciado ataque. En eso estaban cuando fueron a matarlos.

El motivo inmediato de los agresores aparentemente fue la venganza, pues estos –indígenas también– se quejan de que las bases de apoyo zapatistas los quieren exterminar.

Además de la policía estatal, a unos 300 metros de distancia, y desde hace varios meses, también estaban emplazados soldados y policías en un destacamento denominado Bases de Operaciones Mixtas (BOM).

Los militares participaron en el rescate del cadáver de Agustín Vázquez Tzecut, un "priista" asesinado, presuntamente, por un grupo de "zapatistas" encapuchados en las inmediaciones de Quextic la semana anterior a la masacre, el miércoles 17 de diciembre.

Ese asesinato, consumado en una emboscada, provocó que los zapatistas se retiraran de la mesa de negociaciones que mantenían con las autoridades municipales legalmente reconocidas, con quienes habían pactado ya un cese a las agresiones.

"No existen garantías de seguridad", dijeron en conferencia de prensa los miembros del Consejo Autónomo de Polhó para justificar su ausencia en las pláticas que buscaban la pacificación.

Los "rebeldes" se deslindaron públicamente del crimen de Vázquez Tzecut, asegurando que los mismos "priistas" lo mataron "para echarle la culpa a los zapatistas". Seguir leyendo

lunes, 12 de noviembre de 2007

Los intelectuales y Acteal



Francisco Javier Guerrero Mendoza

Recientemente una amiga holandesa que lleva tres años residiendo en México, asombrada ante el escaso número de intelectuales que aparecen en la televisión mexicana, preguntó: “¿Éstos son los únicos intelectuales que hay en México? ¿O son los únicos que aparecen guapos en la pantalla televisiva?” Le contesté que no son tan guapos como para que Paty Chapoy los alabe, pero sí son los únicos… los únicos que aparecen bellos a los ojos del poder.

Sin duda, el movimiento estudiantil de 1968 (precedido por movimientos populares como los de los ferrocarrileros y maestros, y sucedido por otros, como el de los electricistas y varios más) transformó de manera decisiva el ambiente cultural en México e impulsó la libertad de expresión; fue por ello que intelectuales a través de diversos medios de comunicación, los adoradores de todo tipo de censuras fueron cediendo terreno y la oposición se hizo presente en diversos campos de la vida social.


Incluso algunos individuos con sicología de inquisidores, como Regino Díaz Redondo, quien en una época dirigió Excélsior (gracias a una maniobra impulsada por el Luís Echeverría) presumía que en su periódico escribían notorios opositores de izquierda como Valentín Campa y Sergio de la Peña. Pero olvidó agregar que una mosca (o dos, o tres) no hacen verano, y también olvidó mencionar que, entre otros muchos actos de represión, expulsó de Excélsior a René Avilés Fabila y a sus colaboradores por haber criticado por su mala gestión al entonces presidente Ernesto Zedillo, al que muchos indicios señalan como instigador de la matanza de Acteal en Chiapas.


Pero frente al ascenso de los movimientos populares, la respuesta de los grupos dominantes no se hizo esperar, incluso el ala más nacionalista y estadolatra del partido oficial fue desplazada del poder y sustituida por una tecnocracia “globalizadora” derechista al servicio del capital monopólico, tanto nacional como extranjero. Se acentuó la represión contra los sectores populares y se cometió un fraude en las elecciones presidenciales de 1988, con objeto de impedir que Cuauhtémoc Cárdenas, adversario de esa tecnocracia neoliberal, llegara a la Presidencia.


La antropóloga Rosalía Aída Hernández escribió: “Por lo visto nuestro trabajo no logró contrarrestar a los ideólogos del Estado, que 10 años más tarde regresan a la hipótesis de las pugnas intracomunitarias para justificar la impunidad y evitar que se castigue a los verdaderos responsables al más alto nivel estatal y federal” (La Jornada, 27/10/07). seguir leyendo

sábado, 27 de octubre de 2007

Crimen de Estado



Miguel Concha

Los sobrevivientes y lesionados de la masacre de Acteal, la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2005 una petición “contra el Estado mexicano, por la actuación de miembros de grupos paramilitares que, con la aquiescencia y participación de agentes de la República”, ejecutaron el 22 de diciembre de 1997 a 49 indígenas tzotziles (19 mujeres, ocho hombres, 14 niñas, cuatro niños y cuatro más que aún no nacían), y dejaron lesionadas a 17 personas indefensas más (algunas con secuelas físicas y sicológicas graves hasta la fecha), en su mayoría menores de edad.

En marzo de ese mismo año, la secretaría ejecutiva de la CIDH informó que la petición había sido recibida y que se encontraba bajo estudio, para posteriormente transmitir el documento al Estado mexicano, a fin de que les remita su respuesta. En febrero del año pasado la CIDH informó que ya había transmitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de México, fijando un plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. Actualmente se está a la espera de que la CIDH se pronuncie por admitir el caso, para entonces pasar al estudio de fondo. ¿Será por eso que ahora se pretende volver a manejar la peregrina hipótesis de conflicto intercomunitario o religioso, para explicar esa serie de delitos de lesa humanidad, considerando además a los grupos paramilitares simplemente como “grupos de autodefensa”? Es posible, pues, como señala la petición, frente a los dramáticos hechos efectivamente sucedidos, que “los gobiernos estatal y federal se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre, ya que la procuración de justicia con sus acciones ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, y ha dirigido sus investigaciones señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres”. Lo anterior confirma la hipótesis de que también en este caso el actual Estado mexicano, sin importar el color de quienes estén al frente del gobierno, no está dispuesto a reconocer los crímenes que comete contra la población civil, a hacer justicia a las víctimas y a satisfacer el derecho a la verdad de la sociedad.


Con base en testimonios y probanzas ministeriales, que se logró fueran admitidas en los expedientes, así como en los testimonios recogidos directamente por los peticionarios, el documento denuncia por acción al Estado mexicano, porque la masacre de Acteal fue producto de una política de Estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, sus bases de apoyo, y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno. Lo responsabiliza también por omisión, porque mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación; y porque antes y durante su ejecución, las autoridades del gobierno de Chiapas fueron advertidas por distintos canales del riesgo de la misma, sin que actuaran para nada en consecuencia. Antes bien, como recordó la Sociedad Civil Las Abejas el pasado martes, funcionarios importantes de aquel gobierno pretendieron desaparecer el cuerpo del delito la noche misma de los hechos. Seguir leyendo

sábado, 20 de octubre de 2007

A 10 años de Acteal continúa la impunidad



Iñaki García

Este 22 de diciembre próximo se cumplen 10 años de la masacre de Acteal, en la que murieron asesinados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, a manos de paramilitares. Este hecho criminal ocurrió en un contexto de violencia social y política denunciado de forma exhaustiva sin que nada se hiciera por impedirlo. Como quedó sobradamente probado, la responsabilidad intitucional fue condición indispensable para que ocurriera. Sí tuvo sus costos políticos para el gobierno mexicano, debido a la gran respuesta nacional e internacional por la indignación que provocó la matanza de civiles desarmados. Con este hecho Ernesto Zedillo perdió la presidencia de la OMC, Emilio Chuayffet la Secretaría de Gobernación y Julio César Ruiz Ferro la gubernatura de Chiapas.

A la fecha han sido juzgados y condenados algunos de los autores de la masacre, pero no los responsables intelectuales. Diez años después las cosas no siguen igual, sino peor. El gran poeta chiapaneco Juan Bañuelos, persona de calidad humana intachable, definió el crimen como la crónica de una muerte anunciada.


Pocos días antes del 22 de diciembre, la Unión Europea hizo público un informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el que afirmaba que la situación era positiva. Este informe fue condición indispensable para que se firmara el Acuerdo Preferencial de Libre Comercio entre México y la propia Unión Europea; eso sí, con una claúsula sobre derechos humanos que podía poner en cuestión dicho acuerdo. La sociedad civil internacional respondió creando la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que realizó su primera visita en febrero de 1998 para observar sobre el terreno la situación y realizar un informe basado en las entrevistas con todos los actores del conflicto.


El informe fue demoledor frente a la tesis institucional de conflicto intercomunitario y religioso: los hechos demostraban que la responsabilidad de la masacre recaía en un grupo paramilitar dotado de armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército, amparado en la connivencia institucional tanto del PRI como del ejército y la policía, que afectaba a los diferentes niveles del Estado. De acuerdo con los datos y testimonios recabados por la CCIODH, hay responsabilidad municipal, estatal y federal en la existencia, entrenamiento y acción de los grupos paramilitares en Chenalhó que perpetraron la matanza.


La masacre de Acteal no solamente fue la excusa para castigar la resistencia de las comunidades indígenas rebeldes, sino que posibilitó la militarización del estado, justificada como garante de la paz ante el supuesto conflicto intracomunitario. Provocó la existencia de miles de desplazados internos por causa de la violencia paramilitar en la región, así como el desarrollo de lo que se vino a llamar guerra de baja intensidad del Estado en contra de las comunidades indígenas zapatistas. Seguir leyendo

Contrainsurgencia intelectual a modo

Gilberto López y Rivas

La publicación de la primera parte de un texto de Héctor Aguilar Camín –“Regreso a Acteal” (Nexos, octubre de 2007)–, que motivó una reacción de Luis Hernández Navarro en las páginas de nuestro periódico (“El retorno de Galio Bermúdez”, La Jornada, 9/10/07), así como intercambios epistolares en El Correo Ilustrado al respecto con un ex miembro de la Liga 23 de Septiembre que devino en empleado de la Secretaría de Gobernación, obligan a una definición de quienes ocupamos cargos de representación popular en el momento en que se cometió ese crimen de lesa humanidad.

Como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y con la asesoría de la abogada Digna Ochoa, presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la Procuraduría General de la Republica (PGR) acerca de la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales había perpetrado la masacre de Acteal en diciembre de 1997. En la demanda denuncie la puesta en práctica de una estrategia de guerra irregular o contrainsurgente por militares mexicanos, adiestrados algunos de ellos en la Escuela de las Américas, como el ex comandante de la séptima Región Militar, Mario Renán Castillo. La demanda considera la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mandos de la Sedena. Uno de ellos fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien en junio de 1998, bajo el expediente 96/98, declaró y admitió ante la PGR “que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalho”, pero agregó una aclaración significativa: “es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que los elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer, además todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de un superior.”


En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a líderes agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.” Seguir leyendo

sábado, 24 de marzo de 2007

Las Abejas alertan sobre excarcelación de líder paramilitar

Elio Henríquez

San Cristobal de las Casas, Chis, 23 de marzo. La organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, pidió al gobernador Juan Sabines que no libere a Pedro Chulín, dirigente de la príista Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (Opddic), arraigado desde hace 15 días, junto con siete de sus compañeros.

En un comunicado, la agrupación señaló que "con la aplicación de la justicia y el cumplimiento cabal de la ley se evitarán posibles agresiones contra nuestros hermanos bases de apoyo zapatistas en los municipios autonomos de la selva tzeltzal, y de otras organizaciones de Chiapas".

Además, la organización mostró su preocupación ante la situación que prevalece en la selva y el norte de Chiapas con el caso del grupo paramilitar Opddic, por lo que pidió al gobernador que "no permita que se derrame más sangre en nuestro estado, porque ya lo hemos vivido en 1997, y que no se libere al principal dirigente paramilitar, Pedro Chulín y sus compañeros".

El ex diputado local príista y siete de sus compañeros permanecen arraigados desde hace dos semanas.

La agrupación reprobó que "sean los mismos gobiernos los que promuevan y apoyen la paramilitarización, y decimos esto porque somos testigos de que los ex gobernantes federal y estatal son los autores intelectuales de la creación de los paramilitares en Chiapas y de la masacre en Acteal, y que hasta ahora gozan de plena impunidad".

Manifestó su esperanza de que con la reciente creación de la fiscalía especializada para el caso Acteal, por parte del gobierno estatal, "se actúe con eficacia contra los autores intelectuales que violaron los derechos humanos en 1997 y de los que los sigan violando".