Durante el gobierno de Calderón hay una ofensiva brutal contra zonas zapatistas

Heil-FeCal

En los nueve meses de gobierno de Felipe Calderón, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas donde se han implantado las juntas de buen gobierno zapatistas, han experimentado “una ofensiva brutal” que combina una acción concertada de los 79 campamentos militares permanentes instalados en el estado con las autoridades locales priístas, instituciones agrarias y grupos paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas. Según un detallado estudio de campo, “que rastreó cañada por cañada, caracol por caracol, todos los municipios autónomos”, realizado por brigadas de observación de las bases zapatistas y del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), miles de familias corren peligro de ser despojadas de sus tierras y pertenencias en el corto plazo. Los desalojos comprenden 10 mil 544 hectáreas y están previamente amparados por fallos irregulares emitidos por el Tribunal Unitario Agrario, siempre en favor de los grupos campesinos que cobijan bajo sus siglas a conocidos líderes paramilitares.

CAPISE enlista 13 comunidades de alto riesgo. Dos secciones del ejido Mukulum y ocho pueblos de Agua Azul, municipio Chilón; Ranchería El Nance, Altamirano; comunidad 24 de Diciembre, municipio Margaritas; San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo, 20 de febrero, Nuevo Rosario, municipio autónomo La Garrucha (Ocosingo), Nueva Revolución y San Patricio, municipio Roberto Barrios.

“Es -indicó Ernesto Ledesma, director del CAPISE- la mayor embestida que se ha visto en los últimos nueve años”, parecida a las cruentas etapas de los gobiernos de Absalón Castellanos y Roberto Albores. Tendrá como consecuencia un despojo de tierras “masivo, sistemático y legalizado a priori”, alertó. El más reciente trabajo de este equipo investigador, que trabaja en el área desde hace cinco años, fue presentado ayer aquí en conferencia de prensa. Ilustra cómo la diseminación de 79 campamentos militares, incluyendo al menos cuatro unidades de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), han consolidado la militarización y la aplicación de una política contrainsurgente en el estado.

“La recomposición de la Secretaría de la Defensa en Chiapas -explicó el investigador- da la apariencia de una gradual salida de tropas de la región, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario: salió cantidad de tropa y entró calidad castrense con el objetivo claro de desmantelar los municipios autónomos operando bajo la cobertura articulada de la procuraduría, la Secretaría de Reforma Agraria, el Congreso de la Unión, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Gobernación y el gobierno de Juan Sabines”. Seguir leyendo

En Chiapas, ofensiva "cruda y franca" contra comunidades rebeldes: ONG

Sufren en este sexenio "nuevas y cada vez más violentas amenazas", denuncian

HERMANN BELLINGHAUSEN

La Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio -conformada por organismos civiles de Ocosingo, Comitán, Chilón, Palenque y San Cristóbal de las Casas- denunció "la nueva ofensiva" gubernamental contra las comunidades rebeldes o de oposición. El organismo afirma que "hacia finales de los sexenios de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se reiniciaron las amenazas y acciones de hostigamiento y desalojo en toda la selva Lacandona" en la entidad.

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Las instancias agrarias atizan las agresiones a indígenas: ONG

Anuncian campaña mundial en favor de campesinos

HERMANN BELLINGHAUSEN , ELIO HENRIQUEZ ENVIADO , CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 27 de marzo. Las acciones, omisiones y decisiones de las instancias agrarias, "como parte de una estrategia contrainsurgente, tienen consecuencias sociales graves para una escalada mayor de violencia del Estado hacia la población civil, particularmente indígena de Chiapas", señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

En un documento dirigido al Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtla Gutiérrez, a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria, el organismo sostuvo que la consecuencia de acciones y decisiones "indebidas" por parte de las dependencias del ramo agrario han provocado que poblaciones indígenas de este estado "lleguen a un punto crítico que puede derivar en graves confrontaciones de consecuencias insospechadas".

Al mismo tiempo, anunció el comienzo de una jornada para recolectar firmas en apoyo a la campaña mundial por la defensa de la tierra y los territorios indígenas y campesinos autónomos de Chiapas y el mundo, que comenzó el domingo pasado, simultáneamente con la segunda etapa de la otra campaña.

El organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, aseveró que en los años recientes, "gradual y paulatinamente, se han venido gestionando e incrementando diversos juicios agrarios contra poblaciones indígenas identificadas públicamente como bases de apoyo zapatistas", y uno de los principales promoventes de diversos juicios agrarios "para el control y despojo de tierras es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), vinculada con grupos de delincuencia organizada".

Añadió que la OPDDIC tiene "una postura política públicamente antizapatista, con mandos y jerarquías que actúan con el apoyo tácito del Ejército Mexicano, son parte integral de una estrategia de contrainsurgencia y están armados". Adicionalmente, abundó, la organización "está afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tiene presencia en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Margaritas, Chilón, Tila, Tumbalá, Palenque, Catazajá y Benemérito de las Américas".

El Centro Fray Bartolomé de las Casas manifestó que en los meses recientes la OPDDIC ha intensificado acciones contra poblaciones con presencia de simpatizantes zapatista que "se han traducido en amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzosos y detenciones ilegales".

Paralelamente, subrayó, "las acciones jurídicas promovidas por OPDDIC se han convertido en armas adicionales que amenazan con despojar tierras y de desalojar con la fuerza pública a las comunidades zapatistas".

Aseguró que "dos muestras de flagrantes irregularidades" en los procesos agrarios son los juicios promovidos por la OPDDIC sobre el ejido Mukulum Bachajón, municipio de Chilón, y la ranchería El Nantze, ubicada en Altamirano, que actualmente se encuentran en proceso en el Tribunal Unitario Agrario número 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez.

Precisó que en el segundo caso la OPDDIC pretende concretar un despojo de 2 mil 228 hectáreas, y no se ha notificado a la parte demandada para que comparezca.

Palamilitarismo y dominación

Carlos Fazio

Tras la llegada al gobierno de Felipe Calderón se ha iniciado una nueva fase en la guerra de baja intensidad en Chiapas. En el contexto de una militarización acelerada de la vida pública nacional, el renovado proyecto contrainsurgente en Chiapas adquiere modalidades propias ante el avance y consolidación de los municipios autónomos zapatistas en resistencia.

Definido como el "enemigo interno", el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo son el blanco de una nueva escalada de violencia en curso instrumentada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que participan distintos cuerpos policiales de nivel federal y estatal, y que cuenta, además, con la reactivación de antiguas estructuras paramilitares y la presencia in situ de elementos de los cuerpos de paz estadunidenses.

El objetivo encubierto es la "recuperación" del territorio en poder de los zapatistas. Es decir, la tierra y sus intereses: petróleo, gas, energía eléctrica, biodiversidad, agua dulce, maderas, uranio y la posibilidad de instrumentar megaproyectos depredadores al servicio del gran capital nacional y extranjero. La nueva etapa del conflicto tiene que ver con el anuncio de Calderón de que "revivirá" el Plan Puebla Panamá (PPP), que junto con la segunda fase del Plan Colombia y la Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional de Sur América (IIRSA), forman parte de los esfuerzos geoestratégicos de Estados Unidos con vista a una restauración autoritaria de su hegemonía en América Latina para la competencia interimperialista con los megabloques de Europa y Asia-Pacífico.

El resurgimiento y nuevo protagonismo de grupos paramilitares que irrumpieron en la geografía chiapaneca durante la gubernatura de Patrocinio González Garrido, y crecieron y se desarrollaron durante las gestiones de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, como Los Chinchulines, Paz y Justicia y MIRA, todos de filiación priísta, reconvertidos hoy en la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), habla de una relación de causalidad entre las desigualdades sociales y la violencia política.

La continuidad del modelo de arrasamiento de los últimos cuatro gobiernos neoliberales necesita del uso de la fuerza para proteger intereses económicos o para intentar transformarlos. Es a ese esquema de dominación autoritaria y clasista que resultan funcionales los grupos paramilitares. Su tarea es lograr, mediante la violencia, el desplazamiento forzoso de las bases de apoyo zapatistas para propiciar una relatifundización del territorio. Si el plan de desterritorialización avanza, la "privatización"de la seguridad y el consecuente dominio paramilitar redundará en una reconcentración de la tierra en pocas manos. Por lo que se trata, en rigor, de una contrarreforma agraria violenta a favor de grupos transnacionales, que requieren la "liberación" del territorio para someterlo a la lógica del mercado.

Las estrategias de violencia institucional y parainstitucional, iniciadas en 1995, son un aspecto fundamental en el desarrollo de los planes de ocupación territorial y garantía armada de los megaproyectos diseñados para Chiapas por el gran capital. En la dinámica económica trasnacional, la apropiación violenta del espacio y la gente adquieren, unívocamente, su resignificación como mercancía.

En la actualidad, en los espacios controlados por los municipios autónomos zapatistas se afirma el derecho a la vida, al territorio, a la autodeterminación, a la organización, a la resistencia popular, a la identidad cultural.

Resistir es negarse a aceptar las propuestas de inclusión de su pensamiento, de su voluntad, de sus sentidos de representación en el mundo ocupado, no habitado, por perspectivas de agronegocios, obras de infraestructura y explotación de recursos naturales. Precisamente, porque dicha cultura de resistencia obstruye la mercantilización de la vida, los poderes fácticos recurren al sitiamiento militar-paramilitar, con apoyo visible en el terreno de la Policía Sectorial, la Agencia Estatal de Investigación, la Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva, las policías municipales y las redes de inteligencia del Cisen.

La clase dominante sabe que a través de la fuerza o de los mecanismos de seducción mercantil se deterioran y corroen los cimientos de la identidad. Por eso, de nueva cuenta, en la guerra contrainsurgente en curso utilizan a indígenas contra indígenas. En la coyuntura, los paramilitares de la Opddic y la URCI están siendo utilizados como invasores o despojadores. Su acción violenta contra los zapatistas (invasiones de tierras, secuestros, golpizas, incendios de aldeas, destrucción de milpas, robo de maíz,) y la amenaza de desatar una nueva fase del terrorismo de Estado en Chiapas servirán como mecanismos para la apropiación y legalización de la tierra por parte de neolatifundistas y agroindustriales voraces.

La aspiración es que, como ocurre en Colombia bajo el control del presidente de los paramilitares, Alvaro Uribe, el círculo de la desterritorialización se cierre con la legalización de lo obtenido en la ilegalidad, mediante la violencia. La ofensiva neoliberal en Chiapas ocurre en el contexto de una violenta recomposición de fuerzas en el interior del actual Estado mafioso de dominación, signado por la militarización del país, los atisbos de mano dura calderonista y la salida a las calles de una ultraderecha beligerante hegemonizada por los sectores más reaccionarios de la jerarquía de la Iglesia católica.

Las Abejas alertan sobre excarcelación de líder paramilitar

Elio Henríquez

San Cristobal de las Casas, Chis, 23 de marzo. La organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, pidió al gobernador Juan Sabines que no libere a Pedro Chulín, dirigente de la príista Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (Opddic), arraigado desde hace 15 días, junto con siete de sus compañeros.

En un comunicado, la agrupación señaló que "con la aplicación de la justicia y el cumplimiento cabal de la ley se evitarán posibles agresiones contra nuestros hermanos bases de apoyo zapatistas en los municipios autonomos de la selva tzeltzal, y de otras organizaciones de Chiapas".

Además, la organización mostró su preocupación ante la situación que prevalece en la selva y el norte de Chiapas con el caso del grupo paramilitar Opddic, por lo que pidió al gobernador que "no permita que se derrame más sangre en nuestro estado, porque ya lo hemos vivido en 1997, y que no se libere al principal dirigente paramilitar, Pedro Chulín y sus compañeros".

El ex diputado local príista y siete de sus compañeros permanecen arraigados desde hace dos semanas.

La agrupación reprobó que "sean los mismos gobiernos los que promuevan y apoyen la paramilitarización, y decimos esto porque somos testigos de que los ex gobernantes federal y estatal son los autores intelectuales de la creación de los paramilitares en Chiapas y de la masacre en Acteal, y que hasta ahora gozan de plena impunidad".

Manifestó su esperanza de que con la reciente creación de la fiscalía especializada para el caso Acteal, por parte del gobierno estatal, "se actúe con eficacia contra los autores intelectuales que violaron los derechos humanos en 1997 y de los que los sigan violando".