Según Luis H. Alvarez, supuesto titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no representa a los indígenas de México “por lo que ya no es interlocutor” para el gobierno calderonista, aunque más bien, lo que los mexicanos se preguntan es si Luis Alvarez es interlocutor para el EZLN, y la respuesta es por supuesto que no, porque nunca lo ha sido.
Cuando se le pregunto: -¿el EZLN sigue siendo un interlocutor válido para resolver el conflicto indígena?, su respuesta fue tajante: -No. Lo fue y muy importante, porque nos hizo tomar nota de que había una realidad que debía ser atendida. Según el representante que nunca logró ser recibido por ningún comandante de la insurgencia zapatista la labor más importante del EZLN fue “hacer notar una realidad”, pero se equivoca, el EZLN hizo mucho más que eso, puso de rodillas al gobierno al demostrar que mediante la organización civil se pueden lograr otras formas de economía no capitalista.
Posiblemente para Calderón también el conflicto en Chiapas fue superado en 15 minutos por que cuando se le cuestionó a su representante si para el gobierno existe o no el conflicto en Chiapas, o si este ya fue superado dio evasivas y no respondió, solo dijo -Mire, yo no sé cómo defina usted conflicto. Ellos hicieron una denuncia sobre una realidad existente, y las desigualdades sociales de nuestro país deben ocupar una atención particular de los gobiernos (sic).
Ahora pretende hacerse ‘El Loco' argumentando que “Ni siquiera se sabe quién integra el EZLN. Es más, en mis recientes recorridos por Chiapas me han dicho que ya no han visto por allá al señor Marcos . El EZLN ni forma parte ni son los voceros de las comunidades indígenas”.
Lo que en realidad está pasando
Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), defensores de derechos humanos e indígenas, luchadores sociales e institutos de investigación asentados en Chiapas, son amenazados e intimidados por grupos de corte paramilitar, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), antes llamada Paz y Justicia.
“Entre 2006 y lo que va de 2007 [en Maderas del Pueblo] se han documentado alrededor de 18 acciones de hostigamiento y amenazas, incluso de allanamientos a organizaciones defensoras de los derechos humanos”, expone Miguel Ángel García.
El pretexto es el conflicto agrario
Ernesto Ledesma, coordinador del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), señala que en Chiapas se vive la reactivación de grupos con rasgos paramilitares. “Hay un recrudecimiento del hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas y es una clara disputa por el despojo del territorio y el control del mismo, con todos sus recursos naturales”.
Investigaciones hechas por académicos del CAPISE, advierten que “ la Opddic es la parte operativa, pero hay un estrecho vínculo con la Procuraduría Agraria , la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el Ejército Mexicano”.
A pesar de que fue calificado por el gobierno de Vicente Fox como uno de los focos rojos más sensibles en términos de conflictividad agraria, la administración de Felipe Calderón considera que Chiapas es un asunto cerrado. Pero no todo Chiapas es asunto cerrado para la federación, el problema de la zona zapatista deriva en cuestiones de otra índole aunque obviamente lo niegan.
El riesgo del enfrentamiento
Durante la pasada administración de Pablo Salazar las redes de influencia de la Opddic se extendieron a los municipios de Tila y Palenque. “El gancho son los títulos de propiedad. Llega con los habitantes de las comunidades, les dice que si quieren tener más tierras se sumen a ellos, pero cuidado si no quieren porque les quitan la tierra en la que están viviendo”, explica Ernesto Ledesma.
Para Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo, más allá de la conflictividad agraria, las acciones de provocación buscan generar un enfrentamiento armado y acabar con el EZLN y los defensores de derechos humanos.
“Sólo así -advierte- quedaría el campo libre para la inversión extranjera. Ellos (los dueños del capital) son quienes han exigido que haya paz social y eso no es más que el aniquilamiento de la oposición.” Para el ambientalista, los recursos naturales estratégicos ubicados en las zonas zapatistas son el principal botín.
De darse la confrontación, agrega, las consecuencias serían muy lamentables. “El EZLN tendría que contestar de manera armada. La diferencia es que la Opddic está disfrazada de organización no gubernamental y el EZLN no: es un grupo armado que tiene firmada una tregua [con el gobierno federal] a través de la Ley de Concordia y Pacificación”.
Explica que “si el Ejército Zapatista contesta como grupo armado frente a un grupo de la ‘sociedad civil', que no se asume como paramilitar, el gobierno va a hacer creer que se trata de un enfrentamiento intercomunitario pero contra un ejército: un grupo civil, la Opddic , va a ser agredido por un ejército armado, el EZLN”.
Con un escenario así, es altamente probable que las Fuerzas Armadas apoyen a la “sociedad civil” agredida, dice Miguel Ángel García. “Van a arrasar a un ejército, el EZLN, que violó la tregua. Eso sería muy grave”.
El también candidato a doctor en Administración Pública por la UNAM expone que los grupos paramilitares “es gente civil, armada, adiestrada, equipada y financiada por el Ejército, por los gobiernos federal y estatal. Tienen la misión de provocar un rompimiento de la estructura social; de generar desplazamientos para desarraigarlos de su territorio; prostituir a la base de transmisión de la cultura y la lengua que es la mujer”.
SRA y Sabines, cómplices
Además de la venia de los militares, dependencias como la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Juan Sabines podrían estar apoyando las actividades paramilitares, denuncian defensores de derechos humanos.
“El hecho de tener el respaldo de dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional , de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria nos dice todo. Para nosotros es muy claro: van a intentar darle legalidad a los despojos [de tierra]. La disputa es por el territorio y por los recursos naturales que hay ahí, donde están la comandancia del EZLN y las bases de apoyo”, dice Ernesto Ledesma.
Al respecto Ernesto Ledesma comenta que el respaldo de la SRA se observa en la expansión que tiene en lugares estratégicos. “Cuando tienes el respaldo de las secretarías de la Defensa y Reforma Agraria, así como de la Procuraduría Agraria , pues tienes tierras y tienes armas”.
El investigador indica que “todo aquel que no sea de la Opddic se va a tener que salir, eso es lo que están intentando hacer en el territorio indígena de Chiapas, sobre todo en los municipios de Altamirano, Chilón y Ocosingo. Esos tres municipios son controlados por la Opddic , por el ex gobernador Roberto Albores Guillén, con la venia de Juan Sabines”.
EZLN responde
Los riesgos del enfrentamiento entre paramilitares y zapatistas aumentan. En febrero pasado el EZLN reaccionó a las amenazas y hechos intimidatorios: “A la Opddic , al señor Pedro Chulín [líder] y a las autoridades gubernamentales les decimos que estamos preparados y dispuestos a defender a nuestros pueblos y a hacer que se cumplan leyes indígenas que protegen los árboles y la naturaleza de la Selva Lacandona , prohibiendo la tala y el tráfico de maderas preciosas, así como la siembra, el tráfico y el consumo de narcóticos.
“Les decimos que si están dispuestos a reiniciar la guerra con esos medios, aunque disfrazándola de ‘enfrentamiento entre indígenas', y amparados en las poses militaristas del señor Calderón, nosotros también estamos dispuestos y listos […]
“Con nuestra sangre recuperamos la vida para nuestra madre la tierra, con nuestra sangre la defenderemos. No importa cuántos soldados, policías o paramilitares vengan, cuidaremos la tierra que guarda a nuestros muertos aún a costa de nuestra libertad o de nuestra vida”, advirtió entonces el subcomandante Marcos.
Ejercito y paramilitares, uno mismo
Investigaciones del CAPISE descubren que la Opddic tiene relación y apoyo directos del Ejército. “Nosotros identificamos que están estrechamente vinculados con los campamentos militares de Yajalón; Crucero Temó; Altamirano; el Vergelito, que forma parte del municipio de Altamirano; Rancho Península y Selva Lacandona, en Ocosingo; Monte Líbano, Taniperlas y San Caralapio, en la frontera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules”, asegura Ernesto Ledesma.
El general José Francisco Gallardo señala que “esta guerra de baja intensidad es aprendida en las escuelas de adiestramiento de Estados Unidos, pero que se utilizan para repeler a un ejército invasor no contra la población civil”. Y alerta que los paramilitares no sólo están en Chiapas, sino que ya tienen presencia en San Salvador Atenco, Oaxaca y Michoacán.
Añade que “donde haya una inconformidad social va a haber infiltrados grupos paramilitares. Son grupos formados por funcionarios públicos, policías, militares retirados, delincuentes, maestros de las secciones. El papel de ellos ya lo saben, es agarrar una arma o un garrote y golpear a la gente, infiltrarse, intimidar, herir”.
“Calderón, que se ha sostenido durante todas estas semanas bajo la tónica de apoyar y apoyarse en los militares, va a continuar con la política elaborada por los manuales de contrainsurgencia del Ejército Mexicano y por todos los intereses estratégicos que hay en la región
Apoyo gubernamental para la Opddic
Para Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo, en una clásica medida que establecen los manuales de contrainsurgencia de origen norteamericano, la Opddic expropia el discurso de las organizaciones de defensa de los derechos y adopta ese nombre para disfrazarse.
“Cualquiera que no conozca el contexto piensa que esa es una ONG de defensa de los derechos indígenas. Pero en realidad es una organización que tiene su origen en una organización paramilitar que se llamó MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) y que actuó en las cañadas de la Selva Lacandona en los años de 1996 a 1998, sobre todo en 1998, con el apoyo del gobernador Roberto Albores Guillén”.
El fundador del MIRA y quien aún se mantiene detrás de la Opddic es el diputado priísta suplente, Pedro Chulín, un indígena tzeltal ex simpatizante zapatista. “Él fue integrante de la Cempi , pero después da el cambio y se convierte en un delator y creador del grupo paramilitar MIRA, este último se transforma en la Opddic. Para disfrazar la actividad se convierte en un supuesto grupo de apoyo de defensa de derechos, pero a su interior mantiene grupos civiles armados”.
(Con información de La Jornada )
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