Los aparatos represivos del Estado contra los normalistas

La PFP reprimiendo a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa

“RESPETO A LA DECISIÓN DE LOS PUEBLOS: NO A LA PAROTA”.

Desde la represión acaecida el 14 de noviembre por parte de las diferentes corporaciones policiacas del estado contra los egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa y estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsum), el nuevo gobierno ha reeditado la política de represión que nos remite a la década de los 70´s, cuando el gobierno federal tomó la decisión de reprimir a los estudiantes con el fin perverso de imponer el orden presidencialista y corrupto que no cedió a las demandas legítimas del movimiento estudiantil que incubaba el surgimiento del México democrático. Las escenas de la policía del estado agrediendo a mujeres estudiantes y aventando bombas de gases lacrimógenos contra los que se refugiaban al interior del Congreso local, no le piden nada a las múltiples agresiones que han sufrido los universitarios de Guerrero por parte de policías antimotines que a nivel nacional han cobrado fama, por su especialidad en el trato cruel y brutal contra la población indefensa.

La falta de diálogo y de respuestas a las demandas planteadas por parte de las autoridades estatales fue orillando a que los estudiantes se colocaran en un disyuntiva, entre la claudicación de su lucha o en el reposicionamiento de su demanda ante la opinión pública a través de la movilización y manifestación abierta ante las diferentes instancias de gobierno. De parte del Estado se mantuvo la posición inflexible de no ceder a las presiones o a los “chantajes” como se ha acostumbrado calificar a la población que se moviliza. Prevaleció la mano dura, teniendo como el recurso más efectivo el uso de la fuerza policíaca para desactivar la movilización y bajar la presión del movimiento estudiantil. Las lecturas policíacas que prevalecen en varios funcionarios del estado, siempre hicieron cálculos fríos y tenebrosos en el sentido de que los normalistas rurales no son una expresión representativa de la sociedad en general y de que no merecen un trato digno como ciudadanos con plenos derechos. Por eso los llaman “vándalos” porque no son funcionales al sistema capitalista que exige sumisión a un sistema que explota al trabajador y porque tienen la osadía de desenmascarar el discurso falaz de la tecnocracia neoliberal y de asumir el compromiso como colectivo de hacer valer sus derechos por la vía de los hechos, del ejercicio directo de sus libertades fundamentales. continuar leyendo