A 10 años de Acteal continúa la impunidad

Iñaki García

Este 22 de diciembre próximo se cumplen 10 años de la masacre de Acteal, en la que murieron asesinados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, a manos de paramilitares. Este hecho criminal ocurrió en un contexto de violencia social y política denunciado de forma exhaustiva sin que nada se hiciera por impedirlo. Como quedó sobradamente probado, la responsabilidad intitucional fue condición indispensable para que ocurriera. Sí tuvo sus costos políticos para el gobierno mexicano, debido a la gran respuesta nacional e internacional por la indignación que provocó la matanza de civiles desarmados. Con este hecho Ernesto Zedillo perdió la presidencia de la OMC, Emilio Chuayffet la Secretaría de Gobernación y Julio César Ruiz Ferro la gubernatura de Chiapas.

A la fecha han sido juzgados y condenados algunos de los autores de la masacre, pero no los responsables intelectuales. Diez años después las cosas no siguen igual, sino peor. El gran poeta chiapaneco Juan Bañuelos, persona de calidad humana intachable, definió el crimen como la crónica de una muerte anunciada.

Pocos días antes del 22 de diciembre, la Unión Europea hizo público un informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el que afirmaba que la situación era positiva. Este informe fue condición indispensable para que se firmara el Acuerdo Preferencial de Libre Comercio entre México y la propia Unión Europea; eso sí, con una claúsula sobre derechos humanos que podía poner en cuestión dicho acuerdo. La sociedad civil internacional respondió creando la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que realizó su primera visita en febrero de 1998 para observar sobre el terreno la situación y realizar un informe basado en las entrevistas con todos los actores del conflicto.

El informe fue demoledor frente a la tesis institucional de conflicto intercomunitario y religioso: los hechos demostraban que la responsabilidad de la masacre recaía en un grupo paramilitar dotado de armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército, amparado en la connivencia institucional tanto del PRI como del ejército y la policía, que afectaba a los diferentes niveles del Estado. De acuerdo con los datos y testimonios recabados por la CCIODH, hay responsabilidad municipal, estatal y federal en la existencia, entrenamiento y acción de los grupos paramilitares en Chenalhó que perpetraron la matanza.

La masacre de Acteal no solamente fue la excusa para castigar la resistencia de las comunidades indígenas rebeldes, sino que posibilitó la militarización del estado, justificada como garante de la paz ante el supuesto conflicto intracomunitario. Provocó la existencia de miles de desplazados internos por causa de la violencia paramilitar en la región, así como el desarrollo de lo que se vino a llamar guerra de baja intensidad del Estado en contra de las comunidades indígenas zapatistas. Seguir leyendo

Contrainsurgencia intelectual a modo

Gilberto López y Rivas

La publicación de la primera parte de un texto de Héctor Aguilar Camín –“Regreso a Acteal” (Nexos, octubre de 2007)–, que motivó una reacción de Luis Hernández Navarro en las páginas de nuestro periódico (“El retorno de Galio Bermúdez”, La Jornada, 9/10/07), así como intercambios epistolares en El Correo Ilustrado al respecto con un ex miembro de la Liga 23 de Septiembre que devino en empleado de la Secretaría de Gobernación, obligan a una definición de quienes ocupamos cargos de representación popular en el momento en que se cometió ese crimen de lesa humanidad.

Como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y con la asesoría de la abogada Digna Ochoa, presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la Procuraduría General de la Republica (PGR) acerca de la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales había perpetrado la masacre de Acteal en diciembre de 1997. En la demanda denuncie la puesta en práctica de una estrategia de guerra irregular o contrainsurgente por militares mexicanos, adiestrados algunos de ellos en la Escuela de las Américas, como el ex comandante de la séptima Región Militar, Mario Renán Castillo. La demanda considera la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mandos de la Sedena. Uno de ellos fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien en junio de 1998, bajo el expediente 96/98, declaró y admitió ante la PGR “que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalho”, pero agregó una aclaración significativa: “es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que los elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer, además todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de un superior.”

En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a líderes agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.” Seguir leyendo