PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL
Realizado los días 26 y 27 de mayo en el Museo de la Ciudad de México.
Antecedentes
El domingo 25 de febrero, Ernestina Ascensión Rosario, indígena de 72 años, de la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, fue violada por militares del ejército mexicano y murió al día siguiente a consecuencia de la agresión.
En el desarrollo de los acontecimientos posteriores al suceso, las autoridades militares, el gobierno federal y la CNDH ignoraron los justos reclamos de los habitantes del municipio y de sus autoridades comunitarias y municipales, quienes han exigido el castigo a los culpables y el esclarecimiento de los hechos.
Felipe Calderón Hinojosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, intervinieron de manera indebida, para desviar la acción penal correspondiente y presionar con todo el aparato coercitivo del Estado, con la finalidad de exculpar a los presuntos militares violadores y asesinos.
La situación de extrema violencia y de violación a los Derechos Humanos que viven los indígenas de la sierra de Zongolica y sus organizaciones ha llegado a tal grado, que el lunes 21 de mayo fue encontrado el cadáver desnudo de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con un cinturón de gabardina en el cuello, jirones de tela y helechos en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.
Adelaida Amayo Aguas, quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Estado mexicano ha dado a estos casos un trato que es violatorio de los derechos humanos, ha demostrado la crisis de la división de los poderes ejecutivo y judicial, ha exhibido la ausencia del federalismo, ha puesto en entredicho la autonomía municipal y ha incumplido los acuerdos firmados por él, en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución Mexicana. Lo que sucedió con Ernestina y Adelaida es una muestra de la historia sistemática de violaciones a los derechos humanos que se vive en la Sierra de Zongolica y en otras regiones indígenas del país.
En el desarrollo de los acontecimientos posteriores al suceso, las autoridades militares, el gobierno federal y la CNDH ignoraron los justos reclamos de los habitantes del municipio y de sus autoridades comunitarias y municipales, quienes han exigido el castigo a los culpables y el esclarecimiento de los hechos.
Felipe Calderón Hinojosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, intervinieron de manera indebida, para desviar la acción penal correspondiente y presionar con todo el aparato coercitivo del Estado, con la finalidad de exculpar a los presuntos militares violadores y asesinos.
La situación de extrema violencia y de violación a los Derechos Humanos que viven los indígenas de la sierra de Zongolica y sus organizaciones ha llegado a tal grado, que el lunes 21 de mayo fue encontrado el cadáver desnudo de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con un cinturón de gabardina en el cuello, jirones de tela y helechos en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.
Adelaida Amayo Aguas, quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Estado mexicano ha dado a estos casos un trato que es violatorio de los derechos humanos, ha demostrado la crisis de la división de los poderes ejecutivo y judicial, ha exhibido la ausencia del federalismo, ha puesto en entredicho la autonomía municipal y ha incumplido los acuerdos firmados por él, en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución Mexicana. Lo que sucedió con Ernestina y Adelaida es una muestra de la historia sistemática de violaciones a los derechos humanos que se vive en la Sierra de Zongolica y en otras regiones indígenas del país.
NOS PRONUNCIAMOS
Los Pueblos y sus Autoridades municipales y comunitarias nahuas Soledad Atzompa y de municipios vecinos en la Sierra de Zongolica, así como las organizaciones sociales y civiles y las ciudadanas y ciudadanos que firman este pronunciamiento, repudiamos de manera enérgica el veredicto de muerte natural de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Se trató de un crimen solapado por el Estado, de un crimen político que no debe quedar impune.
Demandamos la reapertura del caso de Ernestina Ascensión Rosario. La intervención de los organizamos internacionales (ONU, OEA, CIDH) defensoras de los derechos humanos y la realización de un peritaje cultural-lingüístico del caso.
Condenamos enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa que politizó el proceso judicial, protegió a los criminales y decidió, como cabeza del estado mexicano. violar los derechos humanos de Ernestina Ascensión Rosario.
Condenamos el papel contradictorio y encubridor de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Repudiamos el desempeño de José Luis Soberanes, por enlodar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que actuó en defensa de la estructura del poder, renunciando a su función de defender los Derechos Humanos, plegándose al veredicto emitido desde la Presidencia de que Ernestina Ascensión murió de causas naturales.
Demandamos al gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que abandone su estrategia de ser cómplice del aislamiento en contra de los familiares de Ernestina, ya que está impidiendo un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo con el artículo 21 constitucional.
Condenamos el papel del procurador Emeterio López Márquez, que demostró sumisión a las negociaciones del gobernador de Veracruz, pues al dar por concluido el caso de violación y asesinato por presuntos militares de la indígena nahua Ernestina Ascensión avaló la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del llamado Estado de Derecho.
Denunciamos la actuación omisa de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, que también renunció a su papel de defender los derechos de la víctima y de sus familiares
Demandamos que termine el clima de violencia en inseguridad en la Sierra de Zongolica, que se castigue a los culpables de los crímenes cometidos contra mujeres indígenas, que se respeten los derechos de humanos de los familiares de las víctimas y se aplique la justicia para acabar con la impunidad de estos asesinatos y violaciones de mujeres.
Nos pronunciamos por una profunda Reforma del Estado, donde los Derechos de los Pueblos Indígenas sea un contenido transversal en cada uno de los temas de discusión de esta Reforma, para definir al Estado y a la Nación Mexicanos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en sus Leyes Secundarias como Pluriétnicos, Pluriculturales y de Pluralidad Jurídica.
Demandamos la reapertura del caso de Ernestina Ascensión Rosario. La intervención de los organizamos internacionales (ONU, OEA, CIDH) defensoras de los derechos humanos y la realización de un peritaje cultural-lingüístico del caso.
Condenamos enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa que politizó el proceso judicial, protegió a los criminales y decidió, como cabeza del estado mexicano. violar los derechos humanos de Ernestina Ascensión Rosario.
Condenamos el papel contradictorio y encubridor de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Repudiamos el desempeño de José Luis Soberanes, por enlodar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que actuó en defensa de la estructura del poder, renunciando a su función de defender los Derechos Humanos, plegándose al veredicto emitido desde la Presidencia de que Ernestina Ascensión murió de causas naturales.
Demandamos al gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que abandone su estrategia de ser cómplice del aislamiento en contra de los familiares de Ernestina, ya que está impidiendo un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo con el artículo 21 constitucional.
Condenamos el papel del procurador Emeterio López Márquez, que demostró sumisión a las negociaciones del gobernador de Veracruz, pues al dar por concluido el caso de violación y asesinato por presuntos militares de la indígena nahua Ernestina Ascensión avaló la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del llamado Estado de Derecho.
Denunciamos la actuación omisa de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, que también renunció a su papel de defender los derechos de la víctima y de sus familiares
Demandamos que termine el clima de violencia en inseguridad en la Sierra de Zongolica, que se castigue a los culpables de los crímenes cometidos contra mujeres indígenas, que se respeten los derechos de humanos de los familiares de las víctimas y se aplique la justicia para acabar con la impunidad de estos asesinatos y violaciones de mujeres.
Nos pronunciamos por una profunda Reforma del Estado, donde los Derechos de los Pueblos Indígenas sea un contenido transversal en cada uno de los temas de discusión de esta Reforma, para definir al Estado y a la Nación Mexicanos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en sus Leyes Secundarias como Pluriétnicos, Pluriculturales y de Pluralidad Jurídica.
EXIGIMOS:
1. Renuncia inmediata del titular de la CNDH, José Luis Soberanes.
2. Renuncia inmediata del Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez.
3. Renuncia inmediata de la Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos de Veracruz, Noemí Quirasco Hernández.
4. Detener el hostigamiento a los luchadores sociales y de los Derechos Humanos, y a los Pueblos Nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz.
5. Justicia para Ernestina Ascensión Rosario: castigo a los culpables.
6. Esclarecimiento total del asesinato de Adelaida Amayo Aguas y castigo a los culpables.
7. Detener cualquier intento de militarizar a la Sierra de Zongolica
8. Diálogo público con el Ejército sobre su presencia en la Sierra de Zongolica.
1. Renuncia inmediata del titular de la CNDH, José Luis Soberanes.
2. Renuncia inmediata del Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez.
3. Renuncia inmediata de la Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos de Veracruz, Noemí Quirasco Hernández.
4. Detener el hostigamiento a los luchadores sociales y de los Derechos Humanos, y a los Pueblos Nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz.
5. Justicia para Ernestina Ascensión Rosario: castigo a los culpables.
6. Esclarecimiento total del asesinato de Adelaida Amayo Aguas y castigo a los culpables.
7. Detener cualquier intento de militarizar a la Sierra de Zongolica
8. Diálogo público con el Ejército sobre su presencia en la Sierra de Zongolica.
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