Todos los detenidos deberían de haber salido libres pero las autoridades les acumularon numerosos cargos para que 23 de ellos, 5 mujeres y 18 hombres, no alcancen libertad bajo fianza. La juez Séptimo de defensa social, Ruby Guadalupe González Alpuche ha favorecido en todo momento a la SPV, la Policía Municipal y la procuraduría de Justicia del estado para mantener a 19 personas detenidas retorciendo la ley.
El estado de los detenidos es deplorable; uno de ellos tiene una costilla rota desde el 13 de marzo pasado y hasta después de 11 días y gracias a la intervención de la Limeddh recibió atención médica, otro de los jóvenes padece de un trastorno mental que le impide ubicarse en la realidad objetiva como para saber que le está ocurriendo, mientras otra de la jóvenes padece de un cuadro depresivo tan grave que está propensa al suicidio. Es importante resaltar que esos detalles no son tomados en cuenta por la juez.
De los que aún siguen detenidos se destacan 8 casos de personas quienes han demostrado que no participaron en la marcha de protesta y que por lo tanto tampoco estuvieron involucrados en los disturbios y sin embargo la jueza les dictó auto de formal prisión; Luís Fernando Rodriguez López es empleado de una tienda departamental y durante la ampliación del término para presentar pruebas acreditó que salía del trabajo cuando fue aprendido, constan en el expediente la declaración de su patrón así como las órdenes de trabajo que había realizado; Edgar Manuel Gómez Navarro e Isaac Gualberto Mutul Guevara, ambos músicos, el primero tocaba sus tambores en la Plaza Grande mientras que el segundo salía de un ensayo cuando fueron detenidos; Carlos Orlando Mejía Cocom y Róger Magaña Yam estudiantes que salían de clases cuando fueron aprendidos, demostrado con las declaraciones de varios testigos.
Otra grave irregularidad, es la sobrevaluación de los daños por parte del Ayuntamiento de Mérida que pretende cobrar 3000 pesos por el lavado de los pisos del Palacio Municipal, 12.000 por la pintura de la fachada, 5.000 por la limpieza de las columnas de cantera, 4.800 por daños en cascos, 1.800 por escudos de acrílico y 3.000 por la agarradera de un radio portátil. Empleados de la Dirección de Servicios Municipales se encargaron de la limpieza. Otra de las estrategias para que los jóvenes encarcelados no puedan alcanzar fianza si el monto de los daños supera los 80.000 pesos.
Según fuentes testimoniales y fotográficas la manifestación contaba con la presencia de provocadores los cuales son responsables de los destrozos. En las fotografías presentes en los expedientes se pueden ver los responsables de los destrozos en el Palacio Municipal quienes no han sido arrestados. Destacamos especialmente el caso de un sujeto con un sombrero de vaquero quien aparece en las imágenes publicadas por los medios de comunicación arrojando piedras y sillas en contra del ayuntamiento, mientras que el en expediente del caso aparece en fotografías muy tranquilo a lado de los elementos policiales sin ser detenido.
El caso de las detenciones de los jóvenes yucatecos es un fraude judicial multidimensionado, debido a que se abusa de la buena fe para la venta de la política del miedo. En el contexto político-electoral actual del Estado, la estrategia gubernamental es la utilización del fomento del terror y del miedo en la población para después pretender demostrar un clima de legalidad y de seguridad, por lo que han sido detenidos varios jóvenes quienes fueron victima de desprecio y discriminación por parte de las autoridades.
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