Dado que gracias a la penalización, las únicas mujeres que pueden recurrir a él en condiciones sanitarias aceptables son las que se ubican en la clase media y alta, también es una asunto de salud pública y de justicia social.
Quien decide practicarse uno, no es una asesina como dicen los hipócritas grupos ultracatólicos que defienden “la vida” de dientes para afuera, y que intentan imponer su moral al resto.
La mujer que aborta, pasa por un duro proceso de introspección donde pone en la balanza factores éticos, económicos y sociales. Lo jurídico rara vez entra en ello porque en el ámbito privado, la mejor ley es la que dicta la conciencia.
Interrumpir o no el embarazo es una decisión personal. Si yo creo que el feto es o no portador de alma, es más, si yo creo o no en la existencia del alma, es muy mi bronca. Y además, actuar congruentemente con dicha creencia es una decisión privada en la que que los jueces no tienen porque inmiscuírse.
Los católicos (no todos la verdad sea dicha) podrán tachar de asesinos a todos los que optan por este método, y seguramente si su Dios existe, y si leyenda es cierta, este vengativamente nos arrojará al infierno en el juicio final. Aunque en una de esas es más comprensivo que varios de sus obcecados seguidores.
Pero para eso falta harto, si es que llega, y aquí tenemos que arreglarnos entre humanos, en una sociedad laica que no imponga visiones del mundo a ninguno de sus miembros y que no castigue a nadie por actuar de acuerdo con su pensamiento en cuestiones que no le atañen más que sí mism@.
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