La mayoría de los arrestados en Montes Azules son mujeres y niños, denuncian. La junta de buen gobierno de La Realidad teme que se cometan abusos contra los detenidos
La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, desde el caracol zapatista Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, con sede en La Realidad, Chiapas, denunció el desalojo de dos comunidades indígenas en Montes Azules. La JBG responsabiliza directamente a "Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México, y a Juan Sabines Guerrero, gobernador de los terratenientes y paramilitares" de lo que pueda suceder a las familias desalojadas y aprehendidas.
El documento refiere que hacia el mediodía del sábado 18 de agosto "llegaron seis helicópteros para desalojar los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, por el delito que los acusan que están destruyendo las montañas de la reserva ecológica". A San Manuel "llegaron violentamente, amenazando con sus armas a las mujeres, a los niños y niñas", obligándolos a subir en los helicópteros.
Participaron en la acción unos 90 policías estatales y federales, quienes "inmediatamente se organizaron en dos grupos; uno se encargó de destruir las humildes casas del pueblo de San Manuel, dejándolas totalmente destruidas y robando las pocas pertenencias". Mientras, el otro grupo subía a los indígenas a helicópteros.
Los policías efectuaron similares acciones en Buen Samaritano, donde "hasta el momento sabemos que en total se llevaron a siete personas, de las cuales no sabemos sus nombres", añade la JBG, que presenta la lista de los desalojados en San Manuel: Dominga Cruz Hernández (28 años), Fermina Ruiz Jiménez (16), Mario López Gómez (50), Nicolás Hernández Toledo (40), Feliciano López Hernández (20), Margarita López Hernández (19), Juan López Gómez (45), Tomás López Gómez (50), Romelia (27), Jacinta Jiménez Clara (34), Lázaro Ruiz Jiménez (18), María Ruiz Jiménez (14) y Micaela Ruiz Jiménez (13).
Asimismo, los niños Juana Jiménez Ruiz, Manuela Ruiz Jiménez, Francisca Ruiz Jiménez, Eusebio Ruiz Jiménez, Mario Ruiz Jiménez, Jacinto Jiménez Cruz, Domingo Jiménez Cruz, Micaela Jiménez Cruz, Nicolás Jiménez Cruz, Francisca Jiménez Cruz, Nicolasa López Ruiz, Manuel López Hernández, Mario López López, Nicolasa López López, Darinel García, Sebastián García, Heriberto García, Fidencio García y otro más, de un año.
"No sabemos su paradero, los maltratos que han sufrido ni las condiciones físicas en que se encuentran", agregan las autoridades autónomas de la selva fronteriza, que refieren haberse comunicado con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), para que haga "el trabajo difícil de localizar a los detenidos y las detenidas, sabiendo que sufrirán malos tratos y agresiones por parte del mal gobierno, tanto estatal como federal".
La junta confía que el CDHFBC hará el trabajo de localizarlos "como lo ha demostrado muchas veces, sobre todo porque no sabemos el paradero de nuestros hermanos y hermanas". Los zapatistas adelantan tener conocimiento de que "el mal gobierno está por realizar similares desalojos en los poblados Salvador Allende y Nuevo Corozal, porque viven en la tierra donde la trabajan". (Cabe agregar que esto ocurrió ya el pasado domingo).
La JBG exige la inmediata libertad de los detenidos y las detenidas "porque totalmente no tienen culpabilidad, la tierra la trabajan y la cuidan para poder vivir como seres humanos. En cambio, el gobierno de los ricos y el gobernador de los terratenientes y paramilitares quieren la tierra para convertirla en mercancía, es decir, para venderla a los empresarios nacionales y trasnacionales. Les estorban los que la trabajan y cuidan, los campesinos e indígenas".
Por eso "seguiremos diciendo para siempre que la tierra es de quien la trabaja, no para venderla como una mercancía. Para nosotros la tierra es nuestra madre, porque en ella vivimos y de ella nos alimentamos", concluyen Saúl, Tania, Nicodemo y Raúl, en nombre de la junta zapatista.
