Paramilitares, financiados por los gobiernos de Colombia y EUA
Más de 4 millones de personas huyeron de la violencia paramilitar de los sicarios en Colombia: son los desplazados, los pobres, los miserables.
Santa Fe de Bogotá, Colombia. Inés no soporta permanecer en una habitación cerrada. Debe salir y asomarse a la ventana en busca de aire, luz y la ilusión de estar en un espacio abierto. La ciudad es su cárcel, también está presa su voz en su garganta. A cada momento brota el llanto desesperado en esta mujer que a sus 41 años vivió el drama de ser desplazada dos veces, por los grupos paramilitares aún muy activos. Alojada temporalmente en Bogotá, Inés anhela retornar a su tierra, a su vida de siempre. Nadie puede asegurarle cuándo será ese día.
Óscar Salazar proviene de Urabá, departamento de Antioquia. Perteneció a la Unión Patriótica (UP) y narra cómo la presión política del gobierno y la violencia paramilitar expulsó de sus regiones a concejales, alcaldes, dirigentes cívicos y populares y sindicalistas. “Los que no fueron asesinados, fueron enjuiciados y encarcelados hasta por 13 años; y algunos que ya salieron, siguen bajo acoso del Estado colombiano y han debido exiliarse”, explica Óscar, cuya experiencia comparten miles de dirigentes sindicales y sociales.
“Consideramos que la lucha es aquí en Colombia y no fuera de las fronteras. Yo, como otros dirigentes, he pagado con cárcel nuestra resistencia. Otros, han sido desplazados hasta tres veces de Cartagena, del Cauca, de Bolívar, de Antioquia y de otras regiones”, comenta este hombre delgado, de voz fuerte y firme, quien afirma que Colombia es, después de Ruanda, el país con mayor número de desplazados por la violencia paramilitar.
Son casi 4 millones de mujeres, niños y adultos que huyeron de sus casas. Óscar pregunta: “¿Por qué el Estado no protege los derechos de la población desplazada? ¿Por qué se niega a reconocer que hay un conflicto interno porque ocuparon nuestras tierras productivas para dejarlas en manos de reconocidos paramilitares? Eso lo han admitido las agencias humanitarias del mundo, Naciones Unidas y el mismo gobierno”. continuar leyendo
Óscar Salazar proviene de Urabá, departamento de Antioquia. Perteneció a la Unión Patriótica (UP) y narra cómo la presión política del gobierno y la violencia paramilitar expulsó de sus regiones a concejales, alcaldes, dirigentes cívicos y populares y sindicalistas. “Los que no fueron asesinados, fueron enjuiciados y encarcelados hasta por 13 años; y algunos que ya salieron, siguen bajo acoso del Estado colombiano y han debido exiliarse”, explica Óscar, cuya experiencia comparten miles de dirigentes sindicales y sociales.
“Consideramos que la lucha es aquí en Colombia y no fuera de las fronteras. Yo, como otros dirigentes, he pagado con cárcel nuestra resistencia. Otros, han sido desplazados hasta tres veces de Cartagena, del Cauca, de Bolívar, de Antioquia y de otras regiones”, comenta este hombre delgado, de voz fuerte y firme, quien afirma que Colombia es, después de Ruanda, el país con mayor número de desplazados por la violencia paramilitar.
Son casi 4 millones de mujeres, niños y adultos que huyeron de sus casas. Óscar pregunta: “¿Por qué el Estado no protege los derechos de la población desplazada? ¿Por qué se niega a reconocer que hay un conflicto interno porque ocuparon nuestras tierras productivas para dejarlas en manos de reconocidos paramilitares? Eso lo han admitido las agencias humanitarias del mundo, Naciones Unidas y el mismo gobierno”. continuar leyendo
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