Unos 800 efectivos –entre militares y policías federales y estatales– se enfrentaron con cientos de trabajadores que custodiaban los tres principales accesos a la empresa Minera de Cananea, luego que la JFCA declaró inexistente la huelga iniciada allí el pasado 30 de julio. Según autoridades federales, el sindicato minero fue notificado de la determinación a las 11:30 horas. No obstante, antes de las 5:30 de la madrugada llegaron a la ciudad sonorense ocho camiones con soldados y agentes. A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida
El abogado laboralista Arturo Alcalde deploró en entrevista el violento desalojo de mineros de Cananea, Sonora, por parte de fuerzas de seguridad locales y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sostuvo que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las fuerzas policiacas están impedidas de intervenir en una huelga de trabajadores tal y como lo hicieron ayer en Cananea.
El saldo del enfrentamiento fue de unos 20 heridos, cinco de ellos de gravedad, y diez detenidos, según denunció Carlos Pavón, secretario de Acción Política del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM).
En entrevista con Apro, Alcalde criticó que el gobierno federal decidiera romper la huelga por la fuerza. “No se pude intervenir así antes de 24 horas. Fue una acción totalmente ilegal. A la brava”.
Criticó además que la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), sobre la inexistencia de la huelga, se haya basado en argumentar que había mineros laborando en el filón, sin detallar quiénes eran o qué hacían dentro de la mina de cobre. “Eso es muy oscuro”, sentenció.
Añadió que “esto descalifica el papel del Estado respecto de conflictos laborales”.
Explicó que, de acuerdo con la LFT, los trabajadores tienen 24 horas para regresar a trabajar después de la declaratoria de inexistencia. Si ellos impiden el regreso a las labores, la ley señala consecuencias como la terminación del contrato o la intervención de la fuerza pública. Con acciones como el desalojo, advirtió, “estás violando el derecho de huelga”.
En tanto Carlos Pavón acusó al gobierno de Felipe Calderón de desplegar un “operativo paralelo”, pues mientras la JFCA difundía la declaratoria, en Cananea se procedía al desalojo. continuar leyendo
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