Los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia quedaron impunes, señalan familiares de desaparecidos políticos. Exfuncionarios de la Femospp admiten que esa fiscalía obstaculizó el esclarecimiento de los casos.
Investigaciones y documentos oficiales acreditan que de 1965 a 1985, militares, jefes policiacos, agentes de diversas corporaciones y autoridades locales y federales violaron los derechos humanos de cientos de personas detenidas ilegalmente.
Pese a las evidencias, el gobierno federal no tiene interés en resolver esta cicatriz social, coinciden Martha y Alicia de los Ríos Merino, del Comité de Madres de desaparecidos políticos de Chihuahua; Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero; Graciela Mijares, de la Unidad Obrera y Socialista; Antonio Hernández Fernández, exmilitante del Partido de los Pobres, y Julio Mata y Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos en México (Afadem).
Confesiones de un infiltrado: “Marcos” adelantó la guerra
Pieza clave de la Diócesis de San Cristóbal, Lázaro Hernández pasó de ser uno de los principales militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a informante del gobierno federal. Después de confirmar la identidad del subcomandante Marcos a Zedillo, Hernández fue reclutado por el gobierno para convertirse en dirigente indígena. En entrevista revela detalles de cómo la Presidencia sabía de la existencia del EZLN mucho antes de su aparición pública en 1994.
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Radicalizará el EPR acciones
“Somos un grupo armado que tiene como objetivo la justicia social y sólo al cumplirlo depondremos las armas sin ningún condicionante”, dice el comandante “Nico”, del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), en
cargado de la zona Occidente de México, en entrevista concedida a Contralínea el pasado 2 de agosto.
El representante del grupo guerrillero, que, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tiene presencia en más de 10 estados, advierte que pasaron de la propaganda a las acciones armadas. “Llegamos a una coordinación de respuesta activa, ante la negativa del gobierno de Felipe Calderón de entregar a nuestros desaparecidos, vivos o muertos”.
“Nico” señala que el EPR tomó la decisión de “realizar acciones de mayores dimensiones y atacar sectores estratégicos, lo cual no se debe tomar como terrorismo, sino como una lucha legítima por nuestros hermanos desaparecidos.
“Si el gobierno de Felipe Calderón se niega reiteradamente a negociar y liberar a nuestros presos políticos, debería considerar que nadie se levanta en armas por motu proprio y que siempre existe una razón primordial: la justicia social y el beneficio de los más pobres”.
Crimen organizado produce 40% del PIB
La guerra contra las drogas ha conducido a México a una profunda violencia, sobre todo en los estados de las fronteras norte y sur del país. Los homicidios relacionados con el crimen organizado rebasan los 4 mil 567 muertos, durante los últimos dos años y medio, y hasta la última semana de junio de este año se reportan mil 345 ejecuciones. El aumento de la violencia del narcotráfico y la participación del Ejército en la seguridad pública tienen una razón fundamental: el Estado mexicano carece de un plan real completo, a largo plazo y bien estructurado para combatir al crimen organizado.
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