La Corte del reyezuelo
Si alguna duda existía de las dimensiones y las redes de la mafia política y económica involucrada en el caso de la periodista Lydia Cacho en contra del gobernador poblano Mario Marín, la decisión de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia confirman hasta dónde pueden llegar las presiones e intereses de esta compleja interacción de intereses.
La decisión de posponer, a pesar de las explicaciones del ministro Juan Silva Meza y del apoyo de su homólogo, el expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, sólo se pueden entender en el contexto de la presión de los clanes priistas que han tomado el caso de Marín y del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz como una pieza de cambio y de negociación con el gobierno de Felipe Calderón, necesitado como nunca de los votos de los legisladores del PRI para sacar adelante su reforma fiscal.
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La decisión de posponer, a pesar de las explicaciones del ministro Juan Silva Meza y del apoyo de su homólogo, el expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, sólo se pueden entender en el contexto de la presión de los clanes priistas que han tomado el caso de Marín y del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz como una pieza de cambio y de negociación con el gobierno de Felipe Calderón, necesitado como nunca de los votos de los legisladores del PRI para sacar adelante su reforma fiscal.
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