La realidad de nuestro país, no es ajena a la actualidad mundial en que los intereses político y económico de unos cuantos aplastan los derechos fundamentales de todo el pueblo.
A esto obedece la imposición de Felipe Calderón y a su proyección mediática, apoyada en el ejército, que está siendo utilizado para desempeñar el triste y anticonstitucional papel de policías, con el pretexto de combatir el narcotráfico con el que este sistema ha convivido.
La problemática es grave y compleja ya que el único objetivo del Gobierno despótico que padecemos es la militarización del país con la finalidad de contener la protesta social; reducir a los pueblos originarios, las etnias de nuestro país a nada; que las protestas sociales sean sólo un asunto folklórico en el que los líderes no se salgan del libreto olvidando a nuestros muertos, nuestros presos, los desaparecidos, instaurando claramente un estado de sitio policiaco-militar, en el que todo el pueblo es sospechoso, mientras los genocidas, quienes cometen delitos de lesa humanidad, los responsables gozan de plena impunidad.
Así, el caso Loxicha es el ejemplo claro, de esta grave situación, a casi once años tenemos el siguiente recuento: 500 detenidos, desapariciones forzadas, más de 90 ejecutados extrajudicialmente, torturados, presos, desplazamiento de cientos de familias, etnocidio, y perseguidos, desde la época de Diódoro Carrasco Altamirano quien goza de total impunidad, mientras hábilmente acomoda a sus incondicionales en el gabinete estatal como pago de facturas para el neopanista, por la imposición de Ulises RUIZ en el poder a costa del dolor y la sangre del pueblo oaxaqueño, pese a que existen sendos pronunciamiento, constataciones e informes sobre las graves violaciones a derecho humanos en la región, a la fecha nadie ha respondido por estos delitos, sin embargo, aun permanecen privadas de su libertad 12 indígenas Loxichas del grupo inicial y 12 de posteriores detenciones, dentro de ellas Isabel Almaraz Matías, cuyo caso ha sido prioridad para nosotros. Otro elemento que pone en evidencia un estado policiaco-militar, es la falta de seriedad y compromiso con los derechos humanos porque quienes son los responsables de la procuración y administración de justicia, hacen visible un síntoma grave de la crisis política y social que vive Oaxaca: La impunidad y corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario