7 de mayo de 2007
Hemos recibido la noticia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, han sido sentenciados a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables del delito de secuestro equiparado.
A este respecto queremos manifestar lo siguiente:
Los sentenciados no han gozado del derecho a la presunción de inocencia, pues aunque el juez en su sentencia afirma que "existen elementos suficientes que comprueban la responsabilidad", la defensa ha demostrado de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos en el momento en que estos supuestamente se produjeron. La acusación, por otra parte, tampoco ha sido capaz de aportar testimonios -ni siquiera los de las presuntas víctimas del secuestro- que probaran la comisión del delito.
La saña con la que está actuando la procuradoría de justicia estatal, que se ha apresurado a solicitar la revisión de la condena para que se aplique el máximo previsto en el código penal de 120 años de prisión, contrasta con su absoluta falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo de 2006: los culpables materiales e intelectuales de, entre otros, delitos perfectamente documentados de homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias permanecen hasta el momento en libertad y gozan de una total impunidad.
La elección de le fecha para comunicar la sentencia, justo cuando se cumplía un año de la brutal represión que vivió el pueblo de San Salvador Atenco, sólo puede interpretarse como una clara advertencia desde el poder del estado al movimiento social del valle de México para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y mantener su lucha legítima por decidir sobre sus territorios.
Esta práctica es especialmente grave si se tiene en cuenta de que estos días la prensa se ha hecho eco de nuevos planes gubernamentales para relanzar el proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en Texcoco.
Esta comisión espera que estas condenas absolutamente arbitrarias y desproporcionadas no sea la señal pare el inicio de una nueva ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco por seguir sosteniendo una reivindicación absolutamente legítima: no ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales en los que viven por generaciones.
Atentamente:
Secretaría de la Comision Civil Internacional de Observación por los derechos humanos
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