miércoles, 25 de abril de 2007

SENTENCIA DEL JURADO POPULAR DE MORAL PÚBLICA

En Oaxaca las autoridades pervierten justicia, por lo que no existe un Estado de Derecho. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas por lo que no rige la Constitución.

ULISES RUIZ ORTIZ ES CULPABLE DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Es universalmente aceptado que, para la existencia de un genuino estado de Derecho, son indispensables dos requisitos:

1.- Que las autoridades se sometan estrictamente al imperio de la ley, realizando únicamente aquellos actos que les permita la norma jurídica. Y

2.-Que se respeten integralmente los derechos humanos de las personas que habitan el territorio del Estado.

Igualmente, entre las naciones civilizadas se admite que solo existe una genuina Constitución ahí donde la separación de poderes es una realidad.

Nada de lo anterior sucede en Oaxaca, donde priva el ejercicio autoritario del poder, basado en la fuerza de os gobiernos federal y estatal y no en la voluntad del pueblo, titular originario de la soberanía. Es un hecho verificable que el Ejecutivo oaxaqueño tiene subordinados a los otros dos poderes.

Debido a la falta de un medio legal efectivo para llevar a juicio a Ulises Ruiz Ortiz y a otros funcionarios públicos tanto federales como del estado, nos hemos constituido como Tribunal Popular de moral publica que, sin atribuirnos funciones de autoridad pero con el peso moral del aval de la sociedad, con la ética para impartir justicia y con el fundamento en el articulo 39 constitucional que deposita la soberanía primordial en el pueblo de México. En nuestra calidad de integrantes de este Tribunal popular, hemos recibido pruebas de forma directa e inmediata acerca de la responsabilidad que quien tiene en sus manos el Ejecutivo local, Ulises Ruiz Ortiz, y se nos aportaron elementos que comprueban que gobierna para su propio interés y el de un reducido grupo económico y político, y no para el beneficio del conjunto de los oaxaqueños. Por el contrario, la mayoría de estos demanda su renuncia o destitución, por considerarlo responsable de graves delitos, incluyendo la ejecución extrajudicial de personas, la desaparición, encarcelamiento y la tortura de decenas de inocentes, la persecución y la amenaza de represión sobre quienes se oponen a sus acciones ilegales y antidemocráticas, y el sostenimiento de un aparato de represión que anula las libertades esenciales de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Asimismo se le acusa de perversión de la justicia, de cometer los delitos y crímenes, a través de sicarios, de los que acusa a sus opositores y por los que los ha privado de la vida o de la libertad sin respetar el debido proceso, incurriendo en crímenes adicionales de uso excesivo e innecesario de la fuerza, tortura continua, saña en contra de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los integrantes de los pueblos indígenas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y violación sistémica de los derechos humanos.

Consideraciones ético jurídicas

En los foros sobre derechos Humanos convocados por integrantes de la sociedad, se presentaron pruebas contundentes de los agravios infligidos por Ulises Ruiz Ortiz, con la complicidad de sus colaboradores, de diputados, de jueces, y de las llamadas fuerzas de orden, a ciudadanas y ciudadanos que no cometieron ningún ilícito. Se documento sobradamente que se han dado detenciones sin orden de autoridad judicial que constituyen verdaderos secuestros, se les ha aplicado tortura psicológica y física con el consecuente daño a su integridad personal, que se ha perseguido a los familiares de opositores políticos y que se intenta someter a los gobernados por medio del terror ejercido desde el estado.

Con los testimonios y medios de prueba recabados por este tribunal, y partiendo de las imputaciones claras y directas que los afectados formularon de los hechos ocurridos y denunciados, se interpreta y acredita que los perpetrados por Ulises Ruiz Ortiz son delitos de lesa humanidad, pues:

a) Los comete desde el poder, aprovechando todas las circunstancias que le favorecen: cuerpos policíacos, jueces, celadores, recursos económicos que le permiten comprar a la prensa que esta al mejor postor, e intelectuales y escritores cuya pluma se cotiza en el mercado.

b) Ha contado además con la protección del gobierno federal del ex presidente Vicente Fox y ahora con la de Felipe Calderón, quienes han militarizado al Estado e intervenido represivamente a través de la Policía Federal Preventiva.

c) Echa mano de grupos paramilitares, verdaderos escuadrones de la muerte que, con eficiencia letal, siembran el miedo y el dolor entre el pueblo, bajo el manto protector de los gobiernos federal y del Estado.

d) Se mantiene en la total impunidad debido a que los órganos formalmente encargados de aplicar la justicia hacen oídos sordos a las denuncias que se presentan ante ellos.

e) El Congreso de la Unión también le presta protección, pues no lo ha sometido a juicio político a pesar de la evidencia de sus crímenes.

f) Las victimas no han delinquido, sino que los reprime por defender sus derechos de la población y por ejercitar atribuciones constitucionales. No obstante, son ellas quienes sufren represión y no los transgresores de la ley y del Estado de Derecho, que permanecen al mando de los cuerpos que debieran prestar seguridad pública.

g) Esta perversión del derecho incluye también a las autoridades federales y a la Policía Federal Preventiva y responsables carcelarios en Nayarit, a donde fueron trasladados temporalmente los presos políticos de Ulises Ruiz Ortiz.

h) El móvil de sus ilícitos es conservar ilegítimamente el poder, en contra de la voluntad de la gran mayoría de los oaxaqueños y oaxaqueñas.

i) Reincide cada vez que lo quiere hacer, debido a que nunca a sido sancionado conforme a la ley.

j) Por medios criminales pretende aniquilar la resistencia de quienes se oponen a sus determinaciones políticas.

k) Tales acciones ofenden a la totalidad de la población oaxaqueña, a los mexicanos y a toda la especie humana, y se realizan con alevosía, premeditación y ventaja.

Los testimonios de las atrocidades ordenadas por Ulises Ruiz Ortiz caracterizan un gobierno de ignominia y barbarie inaudita. Mientras que los testimonios presentados singularizan a un pueblo con gran dignidad y valentía. La resistencia civil que esta presentando el pueblo oaxaqueño, comprendido su aguerrido sector magisterial, es ejemplo de comos se puede y se debe defender las convicciones.

Lo declarado por las victimas y sus familiares merece toda credibilidad, pues proviene de hombres y mujeres concientes, además de que coincide con lo expresado por los analistas honestos y esclarecidos que han sido testigos del movimiento popular y de la acción gubernamental para aniquilarlo.

Sentencia

Por lo expuesto y con fundamento en los principios de la ética social y política y de las reglas que deben regir la convivencia entre las personas y las naciones, declaramos que Ulises Ruiz es un criminal de lesa humanidad y dictamos y dictamos la siguiente sentencia moral:

Primero.- se mandata éticamente al sentenciado a liberar de inmediato a todos los presos políticos y a que presente con vida a todos los desaparecidos del Estado de Oaxaca.

Segundo.- se le exige que renuncie a la titularidad del Ejecutivo de Oaxaca, por ser un sujeto repudiado por la mayoría del pueblo soberano.

Tercero.- lo declaramos persona non grata, lo que quiere decir que es un indeseable donde quiera que se presente.

Cuarto.- se insta a las personas, organizaciones y partidos que se identifiquen como progresistas, promover un juicio político en contra del tirano, para lograr no solamente su destitución del puesto como gobernador del estado, sino su enjuiciamiento penal y su inhabilitación de por vida para desempeñar ningún cargo publico, ninguna función relacionada con la docencia o la investigación.

Quinto.- se faculta éticamente al pueblo de Oaxaca, para que continúe en su lucha de liberación de esta tiranía por los medios jurídicos que considere convenientes.

Sexto.- se dirige al pueblo de México para que se cree una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de la guerra sucia del pasado y del presente; y a los servidores públicos y representantes populares honestos para que promuevan de inmediato una ley de amnistía general que proteja e incluya a todos los presos de conciencia del país.

Séptimo.- iníciense tramites para juzgar a los cómplices de Ulises Ruiz Ortiz, tanto en la administración estatal como en la federal.

Octavo.- hágase esta sentencia del conocimiento de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y de la justicia universal que promueven y defienden los Derechos Humanos.

Oaxaca de Juárez, republica mexicana a 21 de abril del 2007

Los jueces del Tribunal Popular de Moral Pública

Miguel Concha Malo

Guillermo García Romero

José Enrique Gonzáles Ruiz

Eduardo Miranda Esquivel

Elena Poniatowska

José Sotelo Marbán

Pablo Franco Hernández

Horacio Gaspar luna

Gilberto López y Rivas

Carlos Payán

Ernesto Sánchez Aguilar

Fausto Trejo

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