La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de México, Rosario Ibarra de Piedra, afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos avala la "impunidad" del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz.
La defensora de derechos humanos dijo que el informe entregado al Congreso el último jueves por el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, sobre el conflicto de Oaxaca y las violaciones a los derechos humanos cometidos allá, es una "historia ya conocida".
La Comisión informó que 20 personas murieron y 381 quedaron heridas en el conflicto en Oaxaca y que autoridades federales, estatales y municipales "cometieron violaciones a los derechos humanos".
Según el informe, la mayoría de las víctimas fue ferida en la represión policial y en acciones nocturnas de grupos armados. Solamente algunas fueron alcanzadas en confrontaciones directas con las fuerzas de seguridad. Además, informó que 336 personas fueron detenidas y 56 continúan presas por participar de las protestas contra el gobernador Ruiz, acusado de reprimir a los profesores en huelga y de actos de corrupción. Agregó que, durante el conflicto, defensores civiles de los derechos humanos fueron amenazados, perseguidos, agredidos, intimidados y difamados para que su trabajo fuese impedido o limitado.
Los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca - mujeres, hombres, niños y ancianos - no resistieron y abandonaron hoy pacíficamente el campamento. La Asamblea, una alianza de cientos de organizaciones sociales de Oaxaca, exige la intervención del Senado para la destitución del gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, al que acusan de represor, corrupto y antidemocrático.
El último jueves, la Asamblea comenzó una campaña de recaudación de fondos para poder pagar la fianza de 50 militantes de la organización que están detenidos en cárceles federales y estatales, acusados de diferentes delitos. Florentino López, portavoz del movimiento, dijo que son necesarios cerca de U$S 7 millones para cubrir las cuantías impuestas por la Justicia. El dirigente máximo de la Asamblea, Flavio Sosa Villavicencio, también preso, es acusado de delitos graves y no tiene derecho a fianza.
Durante los seis meses en los que las protestas en Oaxaca fueron más intensas, las entidades locales acusaron a Ruiz de haber formado milicias represivas ilegales que inclusive perpetraron ataques nocturnos a puestos de bloqueo de calles. El gobierno federal, entonces a cargo del ex-presidente Vicente Fox, envió a la Policía Federal para reprimir las protestas, y durante esas acciones también hubo varias denuncias de violaciones a los derechos humanos, como búsquedas generalizadas, detenciones ilegales y desapariciones. Esas denuncias fueron apoyadas por los obispos católicos de Oaxaca.
"Todo lo que escuchamos no nos sorprende", dijo la senadora Rosario Ibarra de Piedra, del Partido de la Revolución Democrática, de oposición al presidente Felipe Calderón. "Hay toda una visión de cubrir con impunidad las violaciones de los derechos humanos en Oaxaca", agregó. "No hubo ni una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz (del Partido Revolucionario Institucional)".
"(La Comisión) sabe muy bien quién es el brazo armado en esta represión. Tiene nombre y la Comisión sabe de ello. Estamos esperando las recomendaciones. Esperamos que exija la liberación de todos los detenidos, como mínimo. El informe nos decepcionó. La Comisión protege a Ulises, no hubo ninguna mención sobre su responsabilidad", insistió la senadora.
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