Las irregularidades continúan contra los jóvenes que fueron detenidos, golpeados, torturados e incomunicados el martes 13 de marzo de 2007 en Mérida, a quienes la Procuraduría General de Justicia de Yucatán les fabricó delitos sin pruebas y consignó al penal de Mérida.
Con acusaciones de "daños en propiedad ajena", por un monto mayor a 800 veces un salario mínimo diario, con lo que los dejan sin posibilidad de libertad bajo fianza, por "portación de armas prohibidas" y "ataques peligrosos cometidos en pandilla".
Ahora es la Juez 7° de Defensa Social, Abogada Rubí Guadalupe González Alpuche, quien está viendo el caso de la gran mayoría de las 26 personas que permanecen presas, quien con toda parcialidad está conduciendo en contra de los jóvenes, los careos y las declaraciones de testigos, violentando los procedimientos legales y mostrándose abiertamente parcial a favor de la procuraduría y la policía, sin ver, ni querer hacerlo, ni una de las graves violaciones a los derechos de los detenidos, sumando nuevos agravios y violaciones a éstos.
Además del linchamiento mediático que continúa fuerte por parte de casi todos los medios de comunicación locales, a excepción del periódico diario Por Esto.
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